La noche del domingo, Chilevisión emitió un nuevo capítulo de «Primer Plano» donde se abordó la denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) presentada por Yamila Reyna contra Américo, su expareja, con quien había tenido planes de matrimonio.
En el estelar conducido por Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro, se revelaron detalles de la denuncia de Yamila, que indica que la noche del 8 de febrero, mientras se trasladaban desde Empedrado hacia Santiago, Américo habría hostigado a la comediante con su teléfono y «procedió a romperlo». Según relató Reyna, ella gritó pidiendo ayuda, y posteriormente habría sido agredida físicamente dentro y fuera del vehículo, en dos ocasiones, recibiendo además amenazas verbales y físicas.
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Estos crudos detalles provocaron la inmediata reacción de la artista en redes sociales, donde expresó su molestia por la filtración de la causa, la cual se encuentra bajo reserva legal.

«La filtración de una causa judicial que tiene obligación de reserva no sólo para los intervinientes sino que para cualquier persona se encuentra sancionada por la ley, y que la vulneración de la misma puede dar lugar a responsabilidad penal y a la configuración de diversos ilícitos, según corresponda. En ese caso, el tribunal del cual se han filtrado esos antecedentes debe remitir de oficio los antecedentes al Ministerio Público para que investigue los eventuales delitos a que hubiere lugar, ello sin perjuicio de otras responsabilidades legales que pudieren derivarse y que haremos valer junto a mi abogado @claudiovaldiviar. Es una pésima señal para todas las víctimas de violencia intrafamiliar en este país», señaló la comediante.
En un segundo mensaje, Yamila enfatizó su sensación de vulnerabilidad ante la filtración: «El tribunal de familia filtró mi causa públicamente, algo que legalmente es un delito. Me siento vulnerada, expuesta, desprotegida por la entidad que debiese haberme protegido. Esta es la razón por la que muchas veces no se denuncia».
El caso ha generado amplio debate en redes sociales y medios de comunicación, poniendo el foco en la protección legal de las víctimas de violencia intrafamiliar y en las sanciones por filtración de información judicial.
