El pasado 20 de agosto, se registraron brutales agresiones contra la hinchada de Universidad de Chile, luego de que barristas de Independiente de Avellaneda irrumpieran en su sector del estadio, un hecho que generó condenas a nivel mundial.
Ante esta grave situación, la delegación azul, liderada por el presidente Michael Clark, el director José Ramón Correa y el abogado Jorge Arredondo, viajó a Buenos Aires, Argentina, para acompañar a los heridos y presentar cargos formales contra los responsables.
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Según informó El Deportivo, la denuncia interpuesta por Universidad de Chile no solo apunta contra los barristas de Independiente, sino también contra funcionarios públicos, policías bonaerenses y personal de seguridad privada.
El documento legal detalla una amplia lista de delitos, que incluyen homicidio en grado de tentativa, torturas, privación ilegítima de libertad, lesiones graves, asociación ilícita, robo, hurto e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Detalles de la denuncia interpuesta por Universidad de Chile
Además, el club denunció una emboscada planificada: «Más grave aún resulta el hecho de que, una vez que los hinchas de la Universidad de Chile se retiraban como podían de la tribuna visitante, el personal policial priorizó un procedimiento arbitrario de detención masiva, cometiendo actos claros de abuso de poder que implicaron apremios y torturas», señala el escrito.
En la denuncia se especifica que durante esa noche ningún agresor argentino fue detenido, y que la represión se concentró exclusivamente en los hinchas de Universidad de Chile, señalando que lo ocurrido no fue un hecho fortuito: «No se trató de incidentes aislados ni espontáneos, sino de una acción organizada que propició una verdadera masacre».
La denuncia está en manos del fiscal Mariano Zitto, a quien se le solicitó recopilar antecedentes de Independiente, hospitales y fuerzas de seguridad, además de obtener imágenes del operativo para esclarecer los hechos.
