El exaccionista y expresidente de Azul Azul fue enviado a prisión preventiva tras la audiencia del Caso Sartor. El tribunal estableció un plazo de 120 días para la investigación.
Un duro escenario judicial enfrenta Michael Clark, exaccionista y expresidente de Azul Azul, luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretara su prisión preventiva en el marco del denominado Caso Sartor.
La resolución fue adoptada este martes por la jueza Paulina Moya, quien consideró que la libertad del empresario representa un riesgo tanto para la seguridad de la sociedad como para el desarrollo de las diligencias pendientes.
El tribunal fijó en 120 días el plazo para continuar con la investigación.
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Los delitos que se le imputan a Clark
Durante la audiencia, la magistrada dio por acreditada de manera provisoria la participación de Clark en cinco de los seis delitos que le fueron imputados:
- Administración desleal.
- Negociación incompatible.
- Entrega de información falsa al mercado.
- Lavado de activos.
- Fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).
En esta etapa, el tribunal desestimó el delito de contrato simulado.
Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el Caso Sartor involucra un perjuicio estimado en 191 millones de dólares. Esto estaría relacionado con una presunta triangulación irregular de recursos provenientes de fondos de inversión.
La arista que involucra a Azul Azul
Uno de los puntos centrales de la investigación apunta a la adquisición del 63% de las acciones de Azul Azul. Esta operación fue realizada en abril de 2021 mediante recursos provenientes de fondos de inversión de Sartor.
Posteriormente, en diciembre de 2024, Clark habría tomado el control indirecto de la concesionaria mediante la adquisición de cuotas del fondo Tactical Sport. De acuerdo con la investigación, esta operación habría generado la obligación de realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), trámite que no se habría efectuado.
La jueza también consideró relevantes determinadas acciones que, según la investigación, podrían haber afectado la conservación de información clave para la causa.
Entre ellas, se estableció que el 27 de febrero de 2026 Clark eliminó a integrantes del chat corporativo de WhatsApp de los directores de Sartor y solicitó cancelar los servicios corporativos de Microsoft.
Para el tribunal, estas acciones representaban un riesgo para la preservación de correos electrónicos y otros antecedentes vinculados al dominio de la empresa, reforzando así la decisión de decretar su prisión preventiva.
Además de Clark, el tribunal decretó la misma medida cautelar para Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Larraín Mery y Sergio Yáñez, mientras que otros imputados quedaron sujetos a medidas cautelares de menor intensidad.
